BELO HORIZONTE, Brasil.- Fue inaugurada hoy en Brasil una de las cinco unidades que integran el primer complejo carcelario construido y administrado por empresas privadas, informó hoy la agencia oficial de noticias ABR.

El complejo está localizado en Ribeirao das Neves, región metropolitana de Belo Horizonte, capital provincial de Minas Gerais.

Según la gobernación provincial, el complejo, que insumió una inversión cercana a los 280 millones de reales (unos u$s 140 millones) constituye "un modelo inédito de Asociación Público-Privada (PPP, por sus siglas en portugués) en Latinoamérica.

El valor de la inversión incluye el entrenamiento y la capacitación del personal que trabajará en el establecimiento, el cual será contratado por el consorcio Gestores de Prisiones Asociados (GPA), integrado por cinco empresas.

El complejo tendrá en total cinco unidades como la inaugurada hoy, y podrá albergar, cuando estén listas las cuatro restantes, en diciembre próximo, 3.040 presos del sexo masculino.

Esta mañana fueron transferidos al lugar los primeros 608 presos que ocuparán el lugar, que cuenta, según la gobernación, con la "más alta tecnología de seguridad".

El consorcio estará a cargo de la administración del lugar por los próximos 25 años, y recibirá 2.700 reales (u$s 1.350) por mes por cada preso.

Según la Secretaría de Seguridad de Minas Gerais, el costo promedio por preso en otras cárceles del país asciende a 2.800 reales (u$s 1.400) por mes.

El consorcio, en su calidad de administrador de la prisión, debe comprometerse a cumplir algunos indicadores de desempeño estipulados por el gobierno provincial, como por ejemplo impedir fugas y motines. En caso de que se registren incidentes que contradigan esos indicadores, el valor pago al consorcio sufrirá descuentos.

Asimismo, el consorcio es responsable por el mantenimiento de las unidades carcelarias y de los servicios vinculados a la atención de los presos, como alimentación, vestimenta, atención a la salud y asistencia jurídica.

La seguridad en el interior del establecimiento está a cargo de funcionarios contratados por la empresa, mientras que en el exterior, la guardia la realizan funcionarios estatales. El equipamiento de seguridad incluye 1.240 cámaras de vigilancia y un sistema de sensores que activan alarmas cada vez que alguien transita por espacios no autorizados.

El contrato entre el consorcio y la gobernación de Minas establece además que el grupo no podrá beneficiarse económicamente con los lucros que obtengan los presos que estén autorizados a trabajar. (DPA)